Desde este mes, el Departamento de Estado de Estados Unidos instruyó a sus consulados y embajadas en todo el mundo para incorporar un nuevo factor decisivo en el análisis de solicitudes de visa: el estado de salud del solicitante frente a enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes, las patologías cardiovasculares o respiratorias, el cáncer o los trastornos de salud mental.
Hasta ahora, los exámenes médicos exigidos para inmigrar o visitar EE.UU. se habían centrado esencialmente en enfermedades contagiosas –como la tuberculosis–o en cumplir con requisitos de vacunación. La nueva directiva rompe con esa práctica tradicional al extender la consideración médica a condiciones “no transmisibles” que, aunque comunes, podrían implicar un gasto considerable para el sistema de salud norteamericano.
Según el cable interno enviado el 6 de noviembre, los oficiales consulares deberán evaluar si el solicitante tiene “recursos financieros adecuados para cubrir el costo de ese cuidado médico durante toda su visita esperada sin recurrir a la asistencia pública o la institucionalización a cargo del gobierno de Estados Unidos”. En concreto, la guía menciona que los oficiales consideren esas enfermedades, crónicas, no infecciosas y no transmisibles como posibles señales de inadmisibilidad.
El argumento oficial es que dichas condiciones podrían implicar gastos de miles de dólares en tratamiento y por lo tanto el solicitante podría calificarse como una carga pública para el Estado.
Desde el gobierno se afirma que la medida responde a una política de largo plazo para evitar que ciertos inmigrantes u visitantes dependan de programas de asistencia o generen costos elevados al sistema de salud de EE.UU.
La medida afecta tanto visas de inmigrantes como algunos de no inmigrantes, según los analistas, aunque se espera que impacte en mayor medida a quienes solicitan residencia permanente. También se debe tener en cuenta que el criterio queda en gran medida en manos de los oficiales consulares: se les otorga amplia discreción para requerir pruebas de seguro de salud, demostrar solvencia financiera, o demorar el proceso hasta que se aclare la condición.
Desde las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes, la decisión ha sido calificada como preocupante por varias razones. Primero, porque muchas de las enfermedades señaladas –como la obesidad o la diabetes– tienen una alta prevalencia global, sobre todo en países en desarrollo, lo que podría generar un efecto discriminatorio contra ciudadanos de naciones con índices elevados de esas enfermedades.
Segundo, porque los oficiales consulares no son médicos ni cuentan con herramientas para evaluar la gravedad futura de una enfermedad, lo que abre puertas al trato arbitrario.
Para el viajero o aspirante a inmigrar hacia EE.UU., el cambio implica algunos riesgos nuevos: deberá contar con documentación médica que pruebe control o tratamiento adecuado de su condición, disponer de seguro de salud privado que cubra costos altos, demostrar solvencia económica y, en lo posible, evitar que su historial médico sea considerado un factor negativo. Según la prensa norteamericana, algunas consultoras especializadas en movilidad internacional ya aconsejan a solicitantes de visas con enfermedades crónicas que presenten informes médicos, cobertura de seguro y un plan claro de financiamiento en EE.UU.
En definitiva, la norma marca un giro significativo: se amplía la definición de “carga pública” para incluir salud crónica, y se convierte en un criterio explícito para negar visas, más allá de los viejos factores de seguridad o economía.
Esto convierte la condición médica, tradicionalmente considerada una cuestión de salud pública, en un nuevo filtro migratorio. Resta ver cómo se implementará en la práctica, qué criterios aplicarán los consulados en cada país y cuántas solicitudes serán denegadas en base a este rubro.
Agencia MTR