El municipio de Trenque Lauquen atraviesa un fuerte escándalo por presunta corrupción, tras una denuncia pública que expuso contratos a familiares de funcionarios, subsidios otorgados con datos falsos y maniobras presuntamente irregulares en el manejo de fondos públicos. Todo comenzó con la presentación de Leticia Badino, presidenta del bloque de concejales de Unión por la Patria, quien reveló las inconsistencias a partir de la información publicada en el Boletín Oficial.
La situación escaló rápidamente cuando se conoció que entre los beneficiarios de estos fondos figuran personas con domicilios inexistentes, documentos duplicados y hasta subsidios otorgados a nombres que, presuntamente, no corresponden a ciudadanos reales. Según la oposición, esta práctica habría sido habitual en los meses previos a las elecciones, algo que Badino ironizó al referirse a una “temporada alta” de subsidios entre junio y octubre, en plena campaña.
Uno de los casos más resonantes es el de María Emilia Álvarez, una ex empleada municipal que, según reveló una investigación del diario Página/12, recibió 12 millones de pesos mediante un solo pago, pese a no haber cumplido tareas formales en el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello. Además, figura como receptora de dos subsidios personales y otro destinado a su madre, lo que contradice la versión oficial que la desvinculaba de cualquier relación con el municipio.
La concejala Badino denunció también un “modus operandi” sostenido en el tiempo, donde se combinaban contratos a familiares de funcionarios con ayudas sociales discrecionales y sin justificación suficiente. En su intervención en el Concejo Deliberante, propuso la conformación de una Comisión Anticorrupción y una auditoría exhaustiva de los subsidios otorgados.
“No se trata de juzgar a quienes recibieron las ayudas, sino de analizar el uso de fondos públicos y el rol de los funcionarios que los aprobaron. Un expediente mal armado vulnera la transparencia”, señaló Badino en diálogo con el canal local Noticias 12. En ese contexto, pidió revisar una extensa lista de decretos que van desde el año 2022 al 2024, y que podrían arrojar más irregularidades.
El intendente Francisco Recoulat, de la UCR, en un primer momento desestimó las acusaciones calificándolas como maniobras para “ensuciar”, pero debido al impacto público del caso se vio obligado a retroceder. Finalmente, ordenó la apertura de un expediente administrativo bajo el título “Investigación Presumarial. Subsidios” y notificó formalmente al Concejo Deliberante.
Según las estimaciones más prudentes, el desvío de fondos a través de estos subsidios podría ascender a 4 millones de pesos, sin contar los montos comprometidos en los contratos observados. La magnitud del caso, los nombres involucrados y el contexto político local auguran que la situación podría tener repercusión a nivel nacional en los próximos días.
A todo esto, se suma las denuncias que se formulan sobre posibles actos de corrupción en el Concejo Deliberante.
Agencia MTR