La reciente sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad en Argentina, que garantiza la continuidad del financiamiento para prestaciones de salud, ha sido recibida con preocupación por especialistas que denuncian la ausencia de una visión integral sobre el tema.
Desde el Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires (COTOBA), su presidenta, Claudia Spidalieri, advierte que la normativa no contempla aspectos fundamentales como el acceso a la educación, el trabajo, la vivienda, la participación política o la vida independiente.
“La ley se limita a cubrir prestaciones de salud, pero no aborda la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y accesibilidad universal”, afirmó Spidalieri, quien también es docente, conferencista y directora de una diplomatura especializada en discapacidad.
Con una mirada crítica y pedagógica, la especialista propuso pensar la discapacidad desde tres dimensiones: situación, condición y posición, subrayando que cualquier persona puede encontrarse en situación de discapacidad si el entorno impone barreras. “¿Tiene que haber una ley para que se respete la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Esa es mi pregunta”, interpeló.
Spidalieri recalcó que no se trata solo de “incluir” a las personas con discapacidad, sino de “no excluir desde el diseño”. En esa línea, destacó la necesidad de políticas públicas que garanticen la accesibilidad universal desde el origen de los entornos, servicios y tecnologías. “Muchas herramientas que hoy usamos todos, como los comandos de voz en los celulares, surgieron como soluciones para personas con discapacidad visual”, señaló.
También subrayó la importancia de implementar ajustes razonables en todos los ámbitos. “Si mido 1,30 metros y voy a una entrevista, necesito una silla adecuada y un micrófono accesible. Son acciones simples que garantizan mi derecho a la comunicación”, explicó, advirtiendo que la falta de accesibilidad constituye una forma de discriminación estructural.
En cuanto al ámbito laboral, criticó el ingreso de personas con discapacidad a la administración pública bonaerense, que aún depende de comisiones médicas con criterios desactualizados, y cuestionó la vigencia de los talleres protegidos. “La ONU recomienda su eliminación porque perpetúan modelos segregacionistas. Lo que corresponde es garantizar el derecho al trabajo en igualdad de condiciones”, sostuvo.
Finalmente, Spidalieri llamó a una revisión legislativa profunda y al cumplimiento efectivo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Los legisladores deben sentarse a revisar las leyes vigentes y adecuarlas a los principios de la Convención. Si no hay voluntad política, no hay garantía de derechos”, concluyó.
Agencia MTR