En medio de un complejo escenario económico y fiscal, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires advirtió este lunes que numerosos municipios atraviesan una situación crítica en sus finanzas, lo que pone en riesgo el pago en tiempo y forma de salarios y del medio aguinaldo a empleados estatales.
La alerta fue lanzada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante una conferencia de prensa en la que participaron también el ministro de Hacienda, Pablo López, y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, que transmitiera Cadena Nueve. “Hay municipios que vienen pagando en cuotas y están muy preocupados por el pago del aguinaldo”, declaró Bianco, y responsabilizó directamente a las políticas del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei. Según el funcionario, las decisiones del Ejecutivo nacional han tenido un “impacto negativo” en sectores como el comercio, la industria, la construcción, y en las propias arcas estatales. “La situación es tremendamente preocupante”, sentenció.
El cuadro se agrava en un contexto donde la Provincia aún no tiene aprobado el Presupuesto ni la autorización para endeudarse, lo que limita seriamente su capacidad de acción. En este sentido, el gobernador Axel Kicillof solicitó a la Legislatura bonaerense la aprobación de un paquete económico que incluye la posibilidad de endeudamiento por el equivalente en pesos a U$S 1.045 millones y la suspensión de deudas municipales originadas durante la pandemia de Covid-19.
Pablo López, titular de la cartera de Hacienda, advirtió sobre el fuerte deterioro de las finanzas provinciales. “El ajuste del Gobierno nacional impacta en las finanzas provinciales por el recorte del 80% real en las transferencias no automáticas, una caída del 10% en la recaudación y una mayor presión sobre los gastos por el retiro de la Nación de funciones que antes cubría”, explicó. Además, destacó que el pedido de endeudamiento actual representa “sólo un tercio del promedio anual que tuvieron otras gestiones entre 2016 y 2019”.
En los municipios, el panorama no es menos grave. El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, declaró el estado de emergencia económica, una medida que permite flexibilizar trámites administrativos ante la urgencia de la situación. En Saavedra, el jefe comunal Matías Nebot anunció una rebaja del 13% en los salarios de funcionarios y concejales, y propuso un recorte similar para empleados municipales con el fin de evitar un escenario más severo: la imposibilidad de pagar sueldos.
Por su parte, el intendente de Guaminí, José Nobre Ferreira, decidió congelar sueldos políticos, reducir al mínimo las horas extras y suspender subsidios a instituciones intermedias. En Coronel Rosales, el jefe comunal Rodrigo Aristimuño reconoció estar “muy preocupado” por el pago del medio aguinaldo, aunque descartó por el momento aplicar ajustes salariales. “Se avecinan tiempos complejos”, advirtió.
A todo esto se suma una fuerte caída en la cobrabilidad de tasas municipales, otro factor que compromete aún más la estabilidad de las finanzas locales. En conjunto, el escenario refleja una crisis estructural que combina recortes nacionales, ingresos menguantes por coparticipación –que cayeron en marzo a $911.000 millones frente a los casi $1,1 billones de enero– y una creciente presión para atender compromisos salariales en medio de un clima de tensión creciente.
La Provincia espera que la Legislatura actúe con celeridad para aprobar las herramientas económicas necesarias que permitan evitar un colapso en la gestión financiera tanto a nivel provincial como municipal. Mientras tanto, el reloj corre y los intendentes se preparan para enfrentar un cierre de semestre cargado de incertidumbre.
Agencia MTR