Tamara González, vecina de La Niña, denunció públicamente el abuso sexual que sufrió su hijo con discapacidad en 2019, durante los traslados a la escuela especial 501. El caso derivó en una condena judicial firme contra el transportista Roberto Alarcón, pero la pena no se cumple de forma efectiva debido a la edad del condenado.
Según relató González en una entrevista en Despertate por Cadena Nueve y Máxima 89.9, su hijo comenzó a mostrar cambios de conducta al poco tiempo de ser trasladado por Alarcón, quien reemplazó al chofer habitual tras una decisión del Consejo Escolar local. “A la semana de empezar a viajar, me dijo que no quería ir con él. Al principio pensamos que era por el cambio de persona, pero después vinieron los episodios de violencia, angustia y miedo”, contó.
La madre llevó al menor a su psiquiatra, pero no se detectaron señales claras hasta que, el 27 de mayo de 2019, el niño rompió en llanto y confesó los abusos sufridos. La denuncia fue radicada de inmediato. La investigación judicial incluyó Cámara Gesell, pericias psicológicas y certificaciones médicas, que respaldaron los dichos del menor.
La justicia condenó a Roberto Alarcón a tres años de prisión de cumplimiento efectivo. Sin embargo, no está preso. La razón: en diciembre de 2024, cumplió 70 años, lo que impide —según la normativa vigente— que la pena se haga efectiva. El acusado, que nunca se presentó durante la pandemia a las citaciones de la justicia, argumentó motivos de salud para ausentarse del proceso. La sentencia fue firmada por el juez Juan Miguel Etillet del departamento judicial de Mercedes.
Tamara González expresó su frustración ante la falta de respuesta institucional durante todo el proceso. “El Consejo Escolar, que lo designó, nunca me llamó. El servicio local me citó una vez y no volvió a intervenir. Tampoco recibí asistencia de discapacidad del municipio”, afirmó. En cambio, destacó el acompañamiento del hospital local, psicólogos y psiquiatras, la comunidad de La Niña, y la escuela especial a la que asistía su hijo.
El joven, que ayer cumplió 22 años, ha logrado estabilizarse emocionalmente gracias al tratamiento y contención familiar. Sin embargo, Tamara señala que aún vive con el temor de cruzarse con su agresor en espacios públicos, como el Club Libertad, donde Alarcón continúa frecuentando eventos sociales. “Mi hijo está prácticamente preso en su casa para no encontrárselo”, denunció.
El caso expone la tensión entre una condena judicial y su efectiva ejecución, cuando se interponen excepciones por edad. También pone en debate la actuación de las instituciones educativas, de protección de derechos y los mecanismos de prevención ante casos de abuso en contextos escolares y comunitarios.
Agencia MTR