En un fallo con fuertes implicancias políticas y económicas, el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 4 de La Plata dio lugar a una medida cautelar presentada por el gobierno de Axel Kicillof que obliga a distribuidoras y cooperativas de gas a volver a cobrar un tributo provincial en las facturas del servicio. Se trata del Fondo Especial para Obras de Gas, suspendido en 2024 por decisión del gobierno nacional a través de resoluciones firmadas por la Secretaría de Industria y Comercio y el ENARGAS, bajo la órbita de Luis Caputo.
La jueza María Ventura Martínez resolvió que las empresas distribuidoras como Camuzzi Gas Pampeana, Litoral Gas y Naturgy, junto con cooperativas locales, deberán restituir en las facturas el 4% correspondiente al fondo estipulado en la Ley 8.474, destinado al financiamiento de obras de infraestructura gasífera en la provincia.
El fallo representa un nuevo revés para Caputo, uno de los principales impulsores de la quita del tributo en 2024, en el marco de la política de ajuste del gobierno de Javier Milei. En octubre del año pasado, mediante dos decretos nacionales, se había ordenado a las prestadoras eliminar el cargo adicional de las boletas. La provincia de Buenos Aires dejó así de percibir unos 40 millones de pesos mensuales destinados a obras clave como los gasoductos de la Costa, del Noroeste, del Noreste y del Sur.
En su resolución, la jueza Ventura Martínez sostuvo que el derecho de la provincia a mantener el tributo está “suficientemente fundamentado en la vigencia y operatividad” de la norma provincial, y remarcó que el sistema de percepción “jamás tuvo reproches constitucionales” ni por parte de los usuarios ni de las empresas.
Desde el Ejecutivo bonaerense argumentaron que la decisión nacional fue “arbitraria, ilegítima e inconstitucional”, ya que viola el principio de autonomía provincial y atenta contra las competencias locales. El subsecretario de Energía de la provincia, Gastón Ghioni, declaró que “este es el primer paso de una batalla que seguiremos dando”, y apuntó contra la política del gobierno nacional, al que acusó de “avasallar decisiones provinciales mediante resoluciones administrativas”.
Si bien el fallo tiene aplicación inmediata, no será retroactivo. El gobierno de Kicillof ya anticipó que presentará una nueva demanda para que también se restituyan los fondos no percibidos durante los meses en que rigió la suspensión. Además, aún queda pendiente la resolución de una segunda causa judicial que involucra a otras empresas distribuidoras.
El fallo representa una victoria política para la provincia y un traspié para la estrategia de ajuste fiscal impulsada por la Nación. También reabre el debate sobre la coordinación entre niveles de gobierno y la autonomía de las provincias para sostener políticas públicas en materia de servicios esenciales.
Agencia MTR